El mundo del vino a sorbos
Texto: Antonio Egido
El domingo, 20 de marzo de 2022 los agricultores, entre los que se encuentran los vitivinicultores de este país fueron perfectamente representados en la manifestación convocada por el mundo rural en defensa del «campo español», unidos bajo el lema de ‘Juntos por el campo’, Como siempre, los datos distorsionan la realidad pues nos debemos manejar entre los 400.000 que indican los convocantes y los 150.000 que señala la Delegación del Gobierno de Madrid. No obstante, allí había mucho personal. No en vano, la convocatoria ha sido un total éxito lanzada por asociaciones agrarias como Asaja, COAG, UPA, la Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Cooperativas Agroalimentarias o la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, a las que se fueron uniendo otras. De hecho, de los 1.500 autobuses que se esperaban en Madrid, 34 de ellos se fletaron desde La Rioja, saliendo desde diferentes puntos de nuestra Comunidad, a los que se han sumado los manifestantes que han acudido a través de otros medios de trasportes e incluso desde sus vehículos particulares. Una continuidad del éxito de la manifestación celebrada en Logroño el pasado 26 de enero, convocada por ARAG‐Asaja, UPA‐Rioja y UAGR-COAG en la que acudieron entre 2.500 y 3.000 manifestantes y lo que ya es una imagen para recordar: los 300 tractores en caravana reclamando “un futuro con agricultores y ganaderos”.
Pero más allá de la participación, debemos poner el ojo en las razones que han motivado esta movilización -¿quién no las suscribe?- y que son las siguientes: durante los últimos meses, y de forma especial desde el inicio de la invasión de Ucrania, se ha registrado un fuerte incremento de los precios de los medios de producción de forma que frente al 40 % o menos que significaban hace una década sobre el valor de la producción final agraria, en 2021 ya suponían el 45 %, y hoy se sitúan en el 60 %, por el incremento hasta un 100 % en los fertilizantes o más del 200 % en la energía; una Ley de la Cadena Alimentaria eficiente, pues los incrementos de los costes están ahí, por lo que los precios de venta en origen deberían cubrir los costes de producción, notando el agricultor la falta de controles suficientes y el desequilibrio de poder entre quien compra (industrias y distribución) y los agricultores, por ello el sector sigue reclamando al Gobierno elaborar semanalmente los índices de los precios de coste para facilitar su cumplimiento; el sector sigue denunciando la banalización y ventas a precios de oferta de los productos agrarios en la distribución a causa de las guerras por las cuotas de mercado y la persistencia de la venta a pérdidas, estrategias que se traducen en bajadas de precios en origen; un rechazo a las políticas de acuerdos con terceros países por los que se disparan las importaciones más baratas sin exigir a las mismas las condiciones de laboreo, uso de abonos, fitosanitarios, alimentación que las pedidas a los agricultores de la UE, lo que supone, más dependencia exterior y poner en peligro la autosuficiencia alimentaria; un plan estratégico para la aplicación en España de la nueva PAC que no suponga una pérdida de renta y donde las exigencias de la política verde no supongan solo mayores costes y menos rentabilidad, sin compensaciones; un debate a fondo sobre el sistema de seguros agrarios, donde en los últimos años se ha disparado la siniestralidad y las indemnizaciones de las compañías aseguradoras, pues el sector agrario plantea que la solución no puede ser solo un aumento del coste de las primas y menos coberturas, cuando además en los últimos años se han reducido las subvenciones públicas para apoyar el pago de las primas contratación; el sector denuncia que la reforma laboral no contempla adecuadamente la temporalidad y estacionalidad de una parte muy importante de la actividad agraria a efectos del modelo de contratación; se reclama un impulso a las políticas de modernización de los regadíos a través de los planes hidrológicos para lograr un ahorro de agua y una mayor eficiencia y rebajar su coste; se demanda una bonificación del 35 % en la factura del gasóleo y del 15 % para plásticos y fertilizantes a efectos del IRPF; unas normativas que permitan la adaptación del sector de forma progresiva hasta 2030, apoyo a las inversiones en esta dirección y reconocimiento del papel del sector en la lucha contra el cambio climático; sobre los jóvenes abogan por nuevas medidas para apoyar la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y al medio rural, aunque consideran que el mejor reclamo son medidas que supongan rentabilidad para las explicaciones y servicios en el territorio, al tiempo de demandar para el Medio Rural, que se ofrezcan a estos habitante los servicios correctos (en sanidad, asistenciales, educación, transporte, movilidad, comunicación o banda ancha) y unos impuestos acordes con dichos servicios al tiempo de un apoyo a inversiones para otras actividades en el medio para ganar más población.
Esperemos que ahora los políticos se pongan a la tarea para dar soluciones a cada tema y que apacigüe a un sector vital para que no tengan que volver a convocar una nueva movilización en semanas o meses.
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