Texto: Antonio Egido
Cierto es que se ha ganado, en el plano político, la primera batalla, pero esto, que comenzó hace ya muchos meses, va a tener su continuidad. Como bien se sabe, a iniciativa del PNV vasco se propuso crear un nuevo Consejo Regulador de zona, exclusivamente alavés, con la gestión íntegra y el control de la comarca, donde se tomarían, de forma independiente al resto de la Denominación de Origen Calificada Rioja al que pertenece, todas las decisiones trascendentes: los rendimientos de campaña, la defensa jurídica del territorio, la promoción, la calificación de cosecha o la gestión de contraetiquetas y productos. Una propuesta que debía haberse llevado al Parlamento español el martes, 30 de noviembre, pero que finalmente se ha aparcado. El texto establecía que para la creación de una entidad de gestión “denominada Consejo Regulador de Zona sería necesaria en el pliego de condiciones de la DOP vitivinícola la regulación del nombre de zonas geográficas como unidades geográficas delimitadas menores que la zona de producción del conjunto de la Denominación”.
No es un tema nuevo, pues hemos ido conociendo proyectos en este sentido que iba dando a conocer el PNV -que gobierna en el País Vasco con el PSOE- hasta la ocurrencia de plantear una propuesta parlamentaria en el Congreso de los Diputados para modificar la actual Ley 6/2015 de Denominaciones de Origen Supra autonómicas, lo que indudablemente afectaría al modelo, normativa y funcionamiento de la Denominación de Origen Calificada Rioja, lo que de hecho, para este Consejo Regulador, supondría una “fragmentación” de la misma.
Apenas a cuatro días de la votación de esta propuesta, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, la retiró, pero incidiendo en que la retirada viene después de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se haya comprometido a abrir “un debate sereno” sobre esta cuestión entre las instituciones y los implicados en el Consejo Regulador.
A acción, reacción y el Consejo Regulador convocó rueda de prensa atendida por su director general, José Luis Lapuente, quien manifestó “rechazar todo tipo de injerencias políticas en su debate, porque el debate lo debe mantener el sector, el que, respecto a esta propuesta legislativa, lo había celebrado el pasado mes de junio de 2020, con un rechazo de su contenido que fue contundente, un 98 % fue en concreto el resultado de la votación en contra de esta propuesta y en ese sentido, volver a afirmar que la Denominación de Origen Calificada Rioja yo creo que es un modelo indiscutible de éxito a nivel nacional, a nivel internacional, tiene su fuerza en esa unicidad, en ese carácter que proyecta a los consumidores”. Todo ello sin olvidar que desde el año 2017 ya se hizo la incorporación a la Denominación de diferentes incorporaciones en etiquetado y en particular la identificación de los vinos de cualquier zona de la Denominación. Además en su comparecencia, José Luis Lapuente ofreció datos muy significativos como que en Rioja Alavesa, en 2020, 88 operadores identificaron vinos procedentes de esa zona en el etiquetado que “son vinos trazados por el Consejo Regulador quien garantiza que proceden de Rioja Alavesa”, lo que supusieron 5 millones de litros.
El director general del Consejo Regulador afirmó también que existe una mesa en la propia Denominación “que integra a 13 asociaciones y en concreto a esta propuesta, la mesa la ha analizado y se ha pronunciado al respecto. Evidentemente hemos visto este tipo de noticias en los medios de comunicación en el día de ayer -por el jueves 25 de noviembre-, y el ministerio, hasta la fecha, se ha alineado al 100 % con lo que defiende el Consejo Regulador”.
A pesar de las nuevas circunstancias, tanto el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja como la propia presidenta del Gobierno de La Rioja, han mantenido sus reuniones para hoy mismo -29 de noviembre- tanto por la mañana como por la tarde. Concha Andreu de hecho ha afirmado que “seguiremos trabajando de la mano del sector, del Consejo Regulador, defendiendo lo que el sector quiera, sin ruidos ni aspavientos”. Unas reuniones que llegarán a las mismas conclusiones que hace meses pues también todas las asociaciones agrarias, relacionados con el mundo del vino, se han pronunciado estos días contra lo que puede suponer una ruptura del actual Consejo.
La transcendencia de esta propuesta, felizmente retirada en el Parlamento español, afectaba también al Cava –donde Cataluña quiere las competencias de su zona–, Jumilla y la IGP Ribera del Queiles en Navarra.
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