TEXTO: Javier Pascua, director de La Prensa del Rioja
Con la pausa y reflexión que requieren las decisiones colectivas importantes, midiendo los tiempos al ritmo que marca el devenir histórico de una bebida milenaria y tejiendo con habilidad la red que agrupe y conjugue todos los intereses, imprescindible para mantener viva y fortalecer una alianza centenaria. En definitiva, siempre en movimiento, casi siempre avanzando, aunque nunca al gusto de todos, porque es imposible. Como en política, dominar el arte de lo posible es el secreto de la buena gobernanza. Y ésta, junto a otros, el secreto del éxito de Rioja.
A modo de metáfora, podríamos decir que la técnica enológica que mejor ha caracterizado históricamente el estilo Rioja -los vinos de ‘ensamblaje’- tuvo su transposición al ‘modus operandi’ del Consejo. La fórmula fundacional ha seguido siendo válida para las cuatro etapas en que podemos dividir la trayectoria centenaria del Consejo: la fundacional desde 1926 hasta la Guerra Civil española, la ‘funcionarial’ desde 1945 hasta 1981, la de la modernización y proyección exterior en el contexto de la nueva España democrática desde 1982 hasta 2003, y la etapa de la gestión ‘interprofesional’ desde 2004 hasta hoy.
Un sistema de representación en constante evolución
La transición política española puso fin a la pertenencia obligada de viticultores y bodegueros durante cuatro décadas al ‘sindicato único vertical’. La libre articulación del sector en torno a sindicatos agrarios y asociaciones bodegueras permitió que éstas asumieran el papel de representación que les correspondía frente a los liderazgos individuales que habían impulsado la Denominación desde mediados de los años sesenta. Sin embargo, ni en el Pleno del Consejo Regulador de 1982 (primero de la nueva etapa democrática), ni en las posteriores renovaciones del 88, 92 y 97, se consiguió que todas las asociaciones del sector estuvieran representadas. Las discrepancias entre la Administración central y el sector vitivinícola riojano sobre el sistema de representación provocaron un boicot en 1988 que dejó fuera a los dos sindicatos agrarios mayoritarios (ASAJA y UAGR). En la última renovación antes de la creación de la Interprofesional (1997) quedaron fuera 5 organizaciones agrarias, adjudicándose las vocalías a las 3 mayoritarias.
La implantación a partir de 2004 de un nuevo reparto del poder de decisión en función del peso económico de cada organización (sea en botellas vendidas o sea en hectáreas de viñedo cultivadas), ha permitido que todas las asociaciones estén representadas desde entonces, cada una con el porcentaje de votos que corresponda a los apoyos recibidos. Criterios que de nuevo se modulan ahora con la aplicación de elementos correctores de carácter ‘cualitativo’, como corresponde a un producto y un sector que aspira a la excelencia por la vía del prestigio y el valor, más que por el meramente cuantitativo.
También cabe recordar otro cambio importante en estas breves pinceladas históricas, que espero contribuyan a poner en contexto los nuevos pasos del sector. Al igual que en los años 80 se instauró la participación al 50% en la toma de decisiones de viticultores y bodegueros, la participación de cada sector en la financiación de los presupuestos del Consejo ha pasado de un 75% el sector comercial y un 25% el sector productor, a un 58% y un 42% respectivamente en el presupuesto de las dos últimas décadas. ¿De cuántos euros hablamos? La progresión de la dotación presupuestaria del Consejo fue geométrica, en tanto que piedra angular del gran desarrollo experimentado por la denominación en las dos décadas posteriores a la Calificada, pasando de un millón de euros en 1992 a tres en 2001, seis en 2004, nueve en 2006 y 15,7 en 2009. Los presupuestos de los últimos quince años se han mantenido en torno a esta cuantía (entre 14 y 16,5 M de euros).
Y para quien no esté al corriente del sistema de votaciones, un último recordatorio. Los criterios establecidos para la toma de decisiones por parte de la Interprofesional y el Consejo exigen una mayoría del 75% de los votos, con un mínimo del 50% de cada uno de los dos sectores (productor y comercializador). Se precisan por tanto grandes mayorías para la adopción de acuerdos, lo que necesariamente se traduce en diálogo y negociación que permita alcanzar consensos.
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